La mayoría de los presos tienen defensores de oficio. Cuando son condenados, los representan los especialistas en ejecución. En Montevideo, son 12. Claudia González es una de ellos y tiene, como sus colegas, entre 450 y 500 presos a su cargo. 

A partir de los 90 días, un privado de libertad, un familiar o su abogado pueden solicitar el traslado. Esto es si no cometió ninguna sanción, que suele suceder en el primer tiempo incluso como un derecho de piso que implica hacerse cargo del castigo que cometieron presos de más trayectoria. Si así fuera, debe esperar 180 días.

González dice que si hiciera todos los pedidos de traslado que le solicitan, serían miles. Por eso únicamente toma los de detenidos sin vínculos familiares, o analfabetos, o cuando los considera “arbitrarios”. La tarea entonces queda en manos de los familiares.

Un mes atrás, una centena de familias de detenidos conformaron una asociación. Gabriela Rodríguez, una de sus integrantes, explica: “Cuando te toca vivir esto, uno no sabe cómo moverse y no hay tanta información disponible”. La unión tiene la meta de generar mejoras en el sistema “y no a nivel individual”, dice.

Los pedidos de traslados son analizados por una junta en la órbita del INR que, según Rodríguez, “demora mucho en expedirse”. La junta hace un análisis similar al que se llevó a cabo en el ingreso: otra vez se mide la seguridad que requiere el detenido para tomar una decisión. Esta es la causa de que aunque haya plazas libres en buenas cárceles, no sean utilizadas para alojar detenidos de aquellas unidades desbordadas.