El irrefrenable crecimiento de los presos
Es como una fiebre que no baja. Uruguay nunca tuvo tantos presos. Dos semanas atrás, cuando comenzó a prepararse este informe, la cifra era de 14.796 y al cierre de esta edición ya sumaban 14.903. A su vez, la Dirección Nacional de Supervisión de Libertad Asistida vigila a casi 20.000 personas que cumplen su condena con medidas alternativas al encierro. El ritmo de crecimiento no da tregua, es un número rojo que las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), el sistema judicial y distintos organismos públicos, incluyendo la oficina del Comisionado Parlamentario Penitenciario reciben a diario y les quita el aliento.
El incremento de la delincuencia fue paulatino. Desde el 2000, se triplicó la cantidad de personas en cárceles. Hasta que el país pasó a ocupar el puesto número 10 en el mundo entre los que tienen más población privada de libertad. Por distintos factores —como los cambios legislativos que han endurecido las penas y limitado los instrumentos de medidas sustitutivas al encierro— a partir de 2020 el sistema penitenciario ingresó a 3.000 nuevos presos. La cantidad de mujeres tras las rejas creció más del doble en relación a los hombres.
¿Qué unidades tienen sobrepoblación?
Esto para el Estado tiene un efecto multiplicador. Son otras tres mil camas en cárceles que en su inmensa mayoría no se construyeron para volúmenes tan grandes. Son tres mil personas más para brindarles asistencia médica. Conducirlas a las fiscalías y a los juzgados. Que reciben visitas. Tres mil bocas más para alimentar. Evitar que se fuguen, sean heridas y asesinadas. Tres mil de las cuales muchas querrán estudiar y trabajar para redimir pena y encaminar su rehabilitación, lo que se traduce en más salones, más equipos docentes y la necesidad de más empresas que los empleen. Esto a su vez requiere más funcionarios que los custodien. Y más móviles policiales. En definitiva, ampliar un presupuesto del que el INR todavía no sabe de cuánto dispondrá: su dirección solicitó el máximo y aguarda con los dedos cruzados.
El problema se agrava si se analiza quiénes son las personas que ingresan a las cárceles. Luis Mendoza, el director del instituto, al que anteceden 48 años de servicio, dice que la única manera de conocerlos es ponerse en la piel de los presos, “si los juzgamos desde nuestra experiencia nunca vamos a entender la realidad que traen consigo”. Rejas adentro conviven dos generaciones, tal vez tres. Hoy, la gran mayoría de los que entran son hombres de entre 25 y 30 años de edad. Más del 90% tiene un problema de consumo de estupefacientes y el 55% es, además, analfabeto. Muchos nunca trabajaron en su vida. Demasiados les dicen a sus defensores que no tienen a nadie: cuando pongan un pie afuera, no tendrán a donde ir. Esto contribuye a que el reingreso sea alto. Hay personas que cuando son liberadas cometen delitos leves y vuelven a la cárcel hasta tres veces en un mismo año, cuenta Mendoza.
Últimamente, son tantos los que entran estando en situación de calle que en el Centro de Ingreso, Diagnóstico y Derivación (CIDD) del área metropolitana —donde se concentra el 70% de la población carcelaria— los funcionarios consiguieron un ropero donado, en el que juntan ropa y zapatos. Los detenidos llegan descalzos, sin abrigo. Con piojos. Algunos no se bañan desde hace días. Están sin comer. Mendoza concentra este panorama en una imagen: cuando el ómnibus que trae a los nuevos detenidos arriba a Santiago Vázquez (exComcar, unidad n°4), los ha visto caminando acuclillados, recogiendo las colillas de cigarrillos que se encuentran en el camino al módulo donde serán encerrados.
El perfil del preso uruguayo también se ha recrudecido. Si las prisiones hoy tienen un problema de densidad porque la mayoría están pobladas por encima de su capacidad, las que están peor son las requieren un mayor nivel de seguridad que se ajuste a la población que está ingresando. Estas son el tipo de cárceles que se necesitan para apaciguar el hacinamiento que hay en algunos módulos de Santiago Vázquez (Montevideo), de Canelones (unidad n° 7) y de Las Rosas, en Maldonado (unidad N°13), plantea Mendoza.
Por eso, en breve comenzarán las obras en el mismo terreno del Penal de Libertad (unidades n° 2 y 3) para construir otras tres cárceles de alto nivel de seguridad: la 27, la 28 y la 29. Cada una tendrá 430 plazas y su propio CIDD. Por su tamaño, hay quienes ya le llaman “el nuevo Comcar”. Mejor dicho: el segundo Comcar, vendría a ser. Otra “ciudad” que crecerá detrás de las rejas.
Radiografía del hacinamiento
Cuando hablamos de hacinamiento puede ser esto: que una celda pensada para cuatro personas, con dos cuchetas, un espacio pequeño para circular, una pileta, un wáter y una ducha, la ocupen ocho o diez presos. Si hay colchones extra se comparten y si no los hay, se rotan para dormir. La defensora de ejecución Claudia González, integrante de la Asociación de Defensores Públicos, recuerda haber visto a un hombre durmiendo debajo de una cucheta, en un hueco. “Es como si vos durmieras debajo de tu cama”, dice.
El de la densidad es un problema grave que, de acuerdo a un pedido de acceso a la información que realizó El País, representa una sobrepoblación del 118,7% para todo el sistema. Otra forma de decirlo es que 2.336 privados de libertad no tienen una cama.
Santiago Vázquez (exComcar): ¿cuáles son los módulos con hacinamiento?
Según este relevamiento, 18 de las 26 unidades están ocupadas por encima de su capacidad. En algunos casos el margen es leve, como en Lavalleja (103,10%), Río Negro (105%) y Colonia (111,20%). En otros, es grave. Esto sucede en Artigas (183,80%), Treinta y Tres y Paysandú (ambas 177,70%), en la cárcel de mujeres en Montevideo (173,70%), Durazno (172,40%), Salto (161%), Rivera (148,80%) y Canelones (131,60%).
Unos días atrás, la Justicia intimó al Ministerio del Interior a aplicar el plan de mejoras que la oficina del Comisionado Parlamentario Penitenciario planteó ante “las condiciones inaceptables” que su director, Juan Miguel Petit, denunció en el módulo 2 de la cárcel de Canelones, donde se alojan 716 internos. En el avance del informe de 2022 al que accedió El País, Petit detalla que detectó a 30 presos sin celda durmiendo en el piso de la planchada interior, y que en las 33 celdas del sector no hay camas: vio una sola cucheta en todo el celdario. Los servicios —duchas, saneamiento, instalaciones eléctricas— están en pésimas condiciones, sumado a las “casi nulas actividades de rehabilitación”. En los calabozos donde los presos esperan a ser trasladados, no salen al patio ni a la planchada en común del sector. “Permanecen hacinados en sus celdas por más de 10 días”, agrega el informe.
El caso de Santiago Vázquez (exComcar), difiere según el módulo. En líneas generales, la sobrepoblación trepa al 127,60%. Algunos módulos tienen cupos disponibles, como el 7 (68,90% de ocupación), 2 (79,50%), 9 (80% de ocupación) y 6 (88,30%). En cambio, el resto están “explotados”. Los peores son el 3 (197,80%) y el 4 (195,20%). Le siguen el módulo 11 (149,50%), el 10 (141,70%) y el 8 (117,50%). En el 8, permanecen las personas formalizas que cumplen una medida cautelar de prisión preventiva.
Los oasis del infierno: los mejores módulos del exComcar
La sobrepoblación no es siempre sinónimo de “condiciones terribles”. Lourdes Salinas, la operadora penitenciaria devenida en subdirectora técnica del INR, antigua “llavera” —“yo hacía conteo de presos, los sacaba y entraba, hacía requisas”—, exdirectora de la unidad n° 1 de Punta de Rieles y de Juan Soler, en San José (dos cárceles modelo), pone el ejemplo de Salto. “Es una unidad horrible, tiene casi el doble de la gente que puede abarcar pero no tiene índice de violencia ni muertes porque la convivencia es muy buena. Eso se logra porque se saca a un número importante de las celdas para trabajar y estudiar. Hay mucho diálogo con ellos para hacer intervenciones”, dice. Allí, están armando una decena de salones nuevos para ampliar la “comunidad educativa”.
En Artigas, en la cárcel que se inaugurará —sustituyendo a la actual— en setiembre, para 260 personas, también se harán nuevas aulas. “Tendrá cuatro módulos como la de Minas (catalogada como de las mejores) y dos barracas como la de Tacuarembó (que acaba de ser inaugurada), con techo liviano y celdas para seis”, describe Mendoza.
El actual edificio pertenece a la jefatura y tiene más de 120 años de construido. Es “añejo”, pero no llega a estar al nivel de la de Treinta y Tres: una unidad “espantosa”, cuyas paredes se levantaron un siglo atrás utilizando una mezcla con barro. Cuentan que hubo presos que las atravesaron haciendo agujeros con una cuchara.
A estas cárceles viejas, mientras tanto, se las ensanchó como se pudo. “Modificamos los espacios para tener más alojamiento: por ejemplo un comedor se convierte en celda, pero son lugares que no fueron construidos para tanta gente. Y no solo es armar una habitación, sino que necesita baño, saneamiento, luz, conexión eléctrica”, dice Salinas, la mano derecha de Mendoza. Son parches “para que la cárcel no explote”. Pero se tambalea.
El hacinamiento, entonces, no alcanza para determinar la mala fama de una cárcel. Así como Santiago Vázquez puede ser “un infierno” en sus peores módulos, cinco abogados particulares, tres defensoras de oficio y una jueza de ejecución señalaron que el Penal de Libertad es otro abismo. “El escalón más bajo en el que podés terminar después del Comcar”, describió una fuente judicial que semanalmente entrevista a privados de libertad. Allí han sucedido las últimas muertes.