Las mejores y las peores cárceles
En el sistema entero, y en el interior de cada unidad en particular, los dos conceptos que priman son el de “progresividad” y “regresividad”: dos fuerzas centrífugas que sellan el recorrido de un preso por las distintas cárceles.
El punto de partida de este “peregrinaje” es el CIDD. En la zona metropolitana (Montevideo, Canelones, San José), está localizado en la unidad n°1 de Punta de Rieles, el primer experimento de participación público privada. En el interior, en tanto, el recorrido empieza en la puerta de ingreso del INR en la cárcel del departamento.
Debido a que el 70% de los delitos se cometen en el área metropolitana, y que aquí es dónde se cristaliza el incremento de la delincuencia, las 100 plazas que inicialmente había previsto el CIDD no alcanzan y tiene una sobrepoblación de 148%.
El diseño prevé que en 72 horas —que según algunos abogados, a raíz de la saturación pueden llegar a extenderse hasta entre cinco y 15 días—, el privado de libertad sea evaluado por un equipo técnico que valorará distintos factores, pero fundamental su seguridad y su salud.
Así están distribuidos los privados de libertad en las 26 cárceles
Desde 2017, para este análisis, se aplica un modelo de intervención penitenciaria llamado Riesgo, necesidad y capacidad de respuesta que según indica Salinas —de formación psicóloga—, les permite “predecir la conducta delictiva y por lo tanto cambiarla”. En una entrevista que conlleva una hora por persona, se aplica otro instrumento: Oasis. El Oasis arroja un número, que equivale a un nivel de riesgo bajo, medio y alto. Este nivel es una “orientación” para la intervención que el preso requerirá.
“Si es bajo, nos está diciendo que tiene algunas habilidades que hay que fortalecer”, apunta la subdirectora técnica. Pongámosle, si la persona culminó sus estudios en Primaria, se aspirará a que curse Secundaria durante la reclusión. “Si el nivel de riesgo es medio o alto, ahí la intervención debe ampliarse con programas específicos (drogas en caso de ser consumidor, de agresión sexual si cometió un delito de este tipo), educación y trabajo. Eso, ya veremos, es el mundo ideal; para algunos de los entrevistados, “una utopía”.
Las respuestas del preso —sobre su salud, sus vínculos familiares—, además del estudio de sus antecedentes y el delito que cometió, y el resultado del Oasis definen a qué unidad, y dentro de cada unidad a qué sector o módulo, será asignado.
El punto neurálgico de esta decisión es la seguridad, “que no es un fin en sí mismo” —aclara el director del INR—, “sino que fija los cimientos para edificar la rehabilitación”. Sin seguridad, todo se cae, según Mendoza. Seguridad significa determinar qué prisión garantiza mejor su integridad física e impedirá que se fugue.
Salvo algunos condenados que suelen ser ubicados en sectores particulares —sexuales, mujeres que lastimaron a niños, violencia doméstica—, las cárceles no se categorizan por concentrar un tipo de delito sino por su nivel de seguridad. Además, los que cumplen prisión preventiva —1.036, según datos del INR— están separados de los condenados. Antes solían ir al módulo 8 en Santiago Vázquez, pero el alto volumen obligó a crear más sectores en otras unidades.
“Es como armar un puzzle de alta ingeniería”, dice Mendoza. El asunto es que la mayoría llega al CIDD con un oficio judicial o de su defensa alegando que por “riesgo de vida” no puede ingresar a una cárcel con perímetro militar. “En algunas cárceles muy complicadas, el privado de libertad siente que es una rifa saber si va a sobrevivir”, dice la abogada Laura Robatto. No quieren ir ni al exComcar, ni al Penal de Libertad, ni a la cárcel de Canelones, que junto con la de Maldonado son consideradas “las peores”. En ese nivel también está la cárcel de mujeres, que será mudada a un nuevo edificio que se construirá en el predio de Punta de Rieles.
El módulo 8, en el exComcar, divide aguas. Desde la Asociación de Defensores Públicos, dicen que el diagnóstico depende de si es un preso reincidente —“en ese caso suelen firmar el acuerdo abreviado para no estar ahí, porque tienen menos patio y pocas posibilidades de estudio y trabajo”, apunta Virginia de los Santos—, o un primario —“muchos al hacer el acuerdo piden no salir de ese módulo, porque se sienten más protegidos”.
Para el abogado Marcos Pacheco, en cambio, la experiencia es oscura. “La Policía los lleva y los otros presos no me preguntes cómo hacen pero se enteran por qué delitos están y ahí empiezan los peajes. Les dan un teléfono y los obligan a llamar a sus familias. Al otro día, las familias empiezan a recibir mensajes, ‘mirá que lo vamos a pinchar, lo vamos a violar, lo vamos a quemar si no me mandás tanta plata’”.
En Libertad, el ambiente también “es pesado” porque allí van “los de antecedentes más complicados de conducta”, señala una jueza. La abogada Serrana Carbajal narra una guerra en el celdario que desde hace años enfrenta al sector A contra el B. “Ahí, como en los peores módulos del Comcar, tenés cero posibilidad de rehabilitación. Sí los presos de tu celda consumen, vos tenés que consumir. Y si no consumís, te roban”. Las medidas de seguridad son más estrictas aún que en el exComcar, lo que conlleva poco tiempo de patio. Esto a su vez empeora la convivencia, conformando así un círculo vicioso. En el INR reconocen la situación. Saben que algunos detenidos prefieren no salir al patio para evitar conflictos, ya que las peleas suelen desatarse en los espacios compartidos, incluso durante el espacio “sagrado” de las visitas.
“El problema que tenemos, es que hoy en día incluso los primarios llegan con estas advertencias de riesgo de vida. Vienen con problemas de la calle, o de sus familiares encerrados, incluso con enfrentamientos que comenzaron en el Inisa. Y todo eso se cobra en las cárceles, esa es la verdad”, dice Mendoza.
Los presos en las audiencias piden ir a una cárcel en el interior del país, “las tranquilas”. Quieren ir a unidades que tengan chacras, donde se trabaja la tierra (Libertad, Canelones, Juan Soler, Rivera, Lavalleja, Salto, Artigas, Treinta y Tres, Soriano, Tacuarembó). La unidad estrella es la de Florida. Empata con la de Juan Soler, en San José: las cárceles “de élite”, con un régimen abierto y baja seguridad, actividades y servicios en buenas condiciones. Luego, se destacan Campanero, en Lavalleja, y Piedra de los indios, en Colonia. También son solicitadas la nueva unidad de Tacuarembó y la n°6 de Punta de Rieles, en Montevideo. En el exComcar, los módulos 7 y 9, donde se trabaja en el Polo Industrial, hacen la diferencia. Esos presos reciben peculio —medio salario mínimo que cobra la familia o lo ahorran para su liberación—, se encargan del mantenimiento de las celdas y de la limpieza. “Los baños tienen olor a perfumol”, dice una jueza.